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Su origen no es otro que el empecinado comportamiento de Alan García, quien reincide, peligrosamente, en su actitud de no dar el debido curso al indispensable diálogo constructivo con los representantes de los pueblos originarios.
Persiste en utilizar todo tipo de maniobras burdas y argumentos deleznables para no honrar los compromisos que su gobierno asumió, tras los sangrientos sucesos de Bagua, el pasado 5 de junio, que dejaron aquel doloroso y lamentable saldo de 34 muertos y numerosos heridos y desaparecidos.
A pesar de la sangre derramada, el entreguista que nos gobierna ha puesto en marcha una calculada estrategia dilatoria de todo posible entendimiento con los nativos amazónicos y denuncia patéticamente “intervenciones extranjeras” en el conflicto, sin aportar, por supuesto, ninguna prueba.
Sin mayores reparos, García Pérez, responde disciplinada y descaradamente a los intereses de los grandes capitalistas y de las empresas trasnacionales, para las cuales ha sido lotizado el 68% del territorio amazónico peruano para la explotación y exploración de hidrocarburos, sin contar con las concesiones forestales destinadas a la extracción de madera.
Su comportamiento evidencia, además, una inocultable sed de venganza por la derrota que a su soberbia y prepotencia le propinara el movimiento indígena amazónico organizado, al obligarlo a derogar algunos de los más conflictivos decretos atentatorios de los derechos de los pueblos originarios que, mañosamente, hizo aprobar por un congreso servil que le otorgó facultades legislativas para esos fines.
Decretos netamente mercantilistas, que responden a una férrea voluntad de implementar los acuerdos pactados con poderosos intereses trasnacionales, aún a costa de arrasar con los ancestrales derechos de los pueblos originarios y sin consultarlos en absoluto.
Todo ello escudándose, claro está, en los más falaces argumentos de búsqueda de “modernidad”, “progreso” y “desarrollo”.
En sus entreguistas afanes, Alan García, no ha dudado en calificar a los nativos que luchan por esos derechos de “terroristas”, “delincuentes” y salvajes”, que no merecen ser considerados como “ciudadanos de primera clase”.
El hecho es que los sangrientos acontecimientos de Bagua significaron en el Perú un auténtico “terremoto político”, que se trajo abajo un gabinete completo y marcó, a no dudarlo, una nueva etapa en la lucha de los pueblos indígenas por conseguir el respeto que se merecen.
Sobretodo el derecho a ser consultados como lo especifica claramente el artículo 6 del convenio 169 de la OIT que el gobierno peruano ha suscrito hace más de quince años y que señala claramente la obligación de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”.
El gobierno peruano nunca diseño los mecanismos para esa consulta y, muy por el contrario, con Alan García a la cabeza, se puso en marcha una política impositiva, racista e intolerante que fue, el caldo de cultivo necesario para el estallido de la violencia.
García inició sus ataques directos a través de un ya tristemente célebre texto en el que calificaba a los pueblos originarios como “los perros del hortelano”, buscando demostrar que poseen en sus tierras recursos que no aprovechan, mientras que no dejan que sean explotados por otros.
Como ha sido reiteradamente demostrado, la torpeza de García fue de tal magnitud que es incomprensible que el Estadista que cree ser no repare en que esos nativos no tienen porque saber de refranes españoles, ni conocen el vocablo de “hortelanos”.
Para ellos, simplemente, el Presidente del Perú los califico de “perros” y, lógicamente, reaccionaron frente al hecho de que muchas de sus tierras se encuentran en terrenos ya “lotizados”, sin ninguna consulta previa, como exige el convenio de la OIT suscrito por la nación peruana.
Alan García puso en vigencia el paquete de decretos que, como hemos señalado, mañosamente hizo aprobar, ante lo cual los indígenas agrupados en la AIDESEP (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana) iniciaron el 28 de abril un paro, que dio lugar a “negociaciones” con un Poder Ejecutivo claramente evasivo y displicente.
No obstante, los indígenas y sus representantes lograron que la Comisión de la Constitución del Congreso de la República, con el aval de un pedido expreso de la Defensoría del Pueblo, solicitara la derogatoria de los decretos conflictivos elaborados por Alan García, quien, ante esa situación, dio inicio a una torpe maniobra “mecedora” de sus interlocutores indígenas, poniendo en práctica todo tipo de tácticas dilatorias en el propio Congreso, utilizando, para ello sus alianzas derechistas y reaccionarias.
En secreto, mientras tanto, iba ideando la incursión de la policía, que tuvo lugar la madrugada del 5 de junio, que condujo a la lamentable tragedia comentada y que buscaba acallar, mediante la violencia, los justísimos reclamos de los pueblos originarios, para quienes la defensa de sus territorios es la defensa de su cosmovisión y de su cultura.
“El indígena existe por su territorio. El día que tu le quites el territorio estás destinándolo a un suicidio muy grande, porque se va a acabar como cultura, como pueblo, porque el indígena va a ser extranjero en su propio territorio. Siendo ellos dueños van a ser mendigos dentro de su territorio”, explica en una entrevista el líder aguaruna Santiago Maurín Valera, quien sobrevivió, milagrosamente a la matanza tras recibir ocho balazos.
Sin embargo, Alan García no ha sacado de esta tragedia las conclusiones que debiera haber sacado un Estadista digno de ese nombre y persiste en su política dilatoria, perversa y suicida, agudizando las contradicciones y defendiendo descaradamente el modelo neoliberal.
Hasta estos momentos el gobierno alanista no ha honrado su compromiso de conformar una comisión independiente para investigar y deslindar responsabilidades frente a los sucesos de Bagua y mantiene su posición poco comunicativa, “mecedora” y autoritaria.
Ello responde a que Alan García es el menos interesado en que se investigue, pues esas investigaciones llevaran, sin duda, a sindicarlo como el responsable principal de la tragedia.
Es el mismo Alan García que, irresponsablemente, busca convertir en ley un proyecto que exime de responsabilidad penal a los policías que utilicen sus armas para disparar ante la sola sospecha de que existe la amenaza de un acto hostil.
“Disparen y luego piensen”, ha tenido la desfachatez de comentar en público este singular mandatario, a quien, según las más recientes encuestas, el 70 % de los peruanos desaprobamos, mientras que alrededor del 50% lo consideramos mentiroso y corrupto a su gobierno.
Los indígenas, por su parte, han hecho saber que, ante las nuevas y reiteradas maniobras dilatorias del gobierno alanista y frente a la escasa participación de ministros y altos responsables en las negociaciones a las que se comprometió el Ejecutivo, así como ante los pocos avances en la formación de una comisión investigadora de lo acaecido el 5 de junio, retomarán sus medidas de lucha.
El plazo dado por los nativos vence el próximo viernes 28 de agosto. A juzgar por los antecedentes mucho tememos que ese irresponsable “sembrador de vientos” que es Alan García vuelva a cosechar dolorosas y sangrientas “tormentas” que, desgraciadamente, pudieran cobrar nuevas víctimas innecesarias, si no se aplican criterios racionales en función del bien común y si se gobierna solo para los grandes capitales e intereses trasnacionales que, seguramente, para García están representados en nuestras sociedades por “ciudadanos de primera clase”.
(*) Germán Carnero Roqué Poeta, Periodista y Promotor Cultural peruano.
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